Se trata del magistrado que prohibió la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. Lo acusan por mal desempeño y "posible connivencia" con el Poder Ejecutivo, a través de Sebastián Amerio.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes -ambos de su espacio-, presentaron este viernes un pedido de juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello ante el Consejo de la Magistratura.
Se trata del magistrado en lo civil y comercial que dictó una medida cautelar, luego de una denuncia del Ministerio de Seguridad, para prohibir la difusión mediática de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Maraniello, quien ya afronta una serie de denuncias en el Consejo -entre ellas por violencia de género, maltrato y acoso laboral-, es acusado por los dirigentes de la CC por "mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".
Carrió, Campagnoli y Reyes solicitaron que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último, se requiere la oportuna destitución del acusado.
Entre las causales de juicio político, mencionaron en primer lugar la actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web.
“Dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública", resaltaron los cívicos.
En segundo lugar, apuntaron una "posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal". "De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes", advirtieron.
También, hicieron alusión a la participación de Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). "Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes 'auspiciantes' incompatibles con el ejercicio de la magistratura y, en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios 'HLB Pharma' y 'Ramallo'”, denunciaron.
En la presentación, los dirigentes de la CC sumaron las denuncias que pesan contra el juez por "la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género". "El juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género", señalaron.
Finalmente, se refirieron a "irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina". "De las consideraciones expuestas precedentemente se desprende que la conducta del juez Maraniello evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones", sostuvieron.
“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes. (Parlamentario)
