Las medidas contra el coronavirus no pueden atentar contra los derechos humanos.

 

Las empresas deben ser flexibles con los empleados que puedan perder el trabajo, los Gobiernos deben proveer protección socioeconómica a las familias y todos, especialmente los más vulnerables, deben tener derecho a tratamiento contra el COVID-19, asegura en un comunicado Michelle Bachelet.

Es esencial que los Gobiernos que introduzcan medidas para impedir la propagación del coronavirus, COVID-19, también emprendan una serie de acciones adicionales para reducir el impacto potencialmente negativo que esas decisiones puedan tener en la vida de las personas, subrayó este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Como doctora, entiendo la necesidad de una serie de pasos para combatir COVID-19, y como ex jefe de Gobierno, entiendo que a veces encontrar el equilibrio es complicado ante decisiones difíciles", dijo Michelle Bachelet. 

"Sin embargo, nuestros esfuerzos para combatir este virus no funcionarán a menos que lo abordemos de manera integral, lo que significa tener mucho cuidado para proteger a las personas más vulnerables y descuidadas de la sociedad, tanto médica como económicamente. Estas personas incluyen a ciudadanos de bajos ingresos, poblaciones rurales aisladas, personas con problemas de salud subyacentes, personas con discapacidades y personas mayores que viven solas o en instituciones", agregó.

Los bloqueos, las cuarentenas y otras medidas similares para contener y combatir la propagación del COVID-19 siempre deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las normas de derechos humanos y de una manera que sea necesaria y proporcional al riesgo evaluado, pero incluso cuando lo sean, pueden tener serias repercusiones en la vida de las personas, advirtió la Alta Comisionada.

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