Columna de opinión de Jorge Núñez Arzuaga, ex Coordinador General del Consejo Municipal de Cultura de Mar del Plata y Batán.

 

Desde los primeros asentamientos de tribus, aldeas o poblados en los cuales la voluntad de cooperación impulsó la expansión de incipientes comunidades y luego de ciudades estados -configurando las diversas civilizaciones que jalonan la historia-, hasta las actuales urbes que concentran más de la mitad de la población mundial, los entornos urbanos marcan el pulso de nuestro desarrollo.

El principio del Siglo XXI plantea nuevos desafíos para los conjuntos humanos y sus espacios sociales: la emergencia sanitaria provocada por una pandemia y la necesidad de mantener “aislamiento físico”; la 4ta. revolución industrial que tensiona la relación producción-trabajo, los modelos económicos y la distribución de la riqueza; el cambio climático que afecta la calidad de vida en diferentes regiones del globo; las nuevas tecnologías de la comunicación, la inteligencia artificial y las energías alternativas, entre otros temas relevantes y urgentes.

En ese contexto, quienes tienen responsabilidades actualmente en los gobiernos locales no pueden eludir el debate, por el contrario, están impelidos a explorar opciones para garantizar los derechos humanos y el respeto al medio ambiente.

La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales (CGLU) celebrada en Sudáfrica, consensuó la Declaración Política de Durban: “La transformación que hay que llevar a cabo en nuestro modelo de desarrollo sólo será posible si responde a los sueños y expectativas de la ciudadanía y de las comunidades, y si se asume la responsabilidad colectiva de adaptarnos y asumir compromisos en pos de sociedades más igualitarias, justas y sostenibles. El cambio que necesitamos para transformar las sociedades será local, o no será. Las comunidades, en relación con sus territorios, deben estar en el centro de la toma de decisiones para localizar los logros significativos en las agendas globales y asegurar una vida decente y un futuro sostenible para las próximas generaciones”.

Para el Movimiento Municipal Internacional es importante comprometerse a “lograr la igualdad, la diversidad, y la universalidad” y “aboga por la transición de un sistema internacional a un sistema interurbano, interdependiente y solidario de gobiernos locales”, sin perder de vista la columna vertebral rural de la humanidad. “Para ello, el ADN del movimiento internacional local y regional se estructura sobre la base de vínculos más estrechos entre un sistema de ciudades más equilibrado y el fortalecimiento de la continuidad entre lo urbano y lo rural”.

En el marco del conversatorio “Hacia un nuevo paradigma del Estado”, el investigador humanista Javier Tolcachier puntualizaba que “Hoy existe en el mundo una tendencia a la desestructuración de formas anteriores y a la reconfiguración de la organicidad en nuevas matrices. Es posible entonces aprovechar esta tendencia mayor de manera consciente y elaborar estrategias para la transferencia creciente del poder de decisión y acción a las comunas, los municipios y los territorios...”

El Estado, y la Democracia, necesitan no sólo un “restyling” sino también una profunda resignificación desde sus cimientos, como dice Tolcachier “Esta reconfiguración institucional, para no caer en una atomización secesionista y conservar un carácter de conjunto, debe pensarse en términos federativos, en las que los municipios puedan expresar las necesidades particulares de sus habitantes y colaborar con otros en la búsqueda de soluciones y proyectos compartidos. La imagen del poder comunal no solo permite una mayor incidencia democrática y un contralor más efectivo por parte del pueblo mismo, sino que también coloca el tema de la reconstitución del tejido y los lazos en la misma base social como un primario”.

Es el Estado Municipal entonces quien debe articular todos los espacios donde se expresa el trabajo, la cultura, el deporte, la religiosidad popular, priorizando los conflictos y abordando las soluciones en amplios foros comunales que legitimen los programas de gobierno.

En este sentido, sobresalen algunos aspectos como vectores de transformación:

. La democracia directa, haciendo efectivos los mecanismos de consulta popular, audiencia pública, banca abierta, referéndum, plebiscito, presupuesto participativo, revocatoria de mandato, consejos consultivos, iniciativa legislativa, descentralización municipal, auditorías ciudadanas, etc.

. La economía solidaria, desterrando el poder de la especulación financiera y la usura, desconcentrando el capital y encauzándolo hacia la producción y hacia la distribución de la riqueza con justicia social.

. La educación para la no-violencia, como una referencia válida de comportamiento personal y comunitario para la convivencia.

. La ecología social, que considera al desarrollo sustentable, donde los recursos se utilizan en función de la superación de la pobreza y del mejoramiento conjunto de la calidad de vida.

. Una cultura de paz, fundada en los principios de libertad, democracia, igualdad de oportunidades, justicia, tolerancia, solidaridad y respeto a la diversidad.

. Comunicación plural, favoreciendo la apertura de medios comunitarios donde se expresen todas las voces del quehacer humano.

. Una nueva espiritualidad, superadora del dogma, la intolerancia y el fanatismo, para que se libere el sentimiento religioso y la posibilidad de una experiencia trascendente.

. La planificación estratégica, tanto desde las órbitas del Estado como desde la educación formal para que cada ciudadano pueda prever las consecuencias de la acción; establecer parámetros en las relaciones personales y sociales, y proyectar de acuerdo a sus aspiraciones y al interés colectivo.

En resumen, se trata de políticas con una visión integral, que toman en cuenta todas las partes del cuerpo social y relacionan los contextos, orientando los procesos -productivos, económicos, educativos, científicos- con metas posibles y mensurables en el tiempo.

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