Autoridades de 16 países de la región firmaron una declaración conjunta para establecer el organismo, el cual fomentará el diálogo y el intercambio de conocimiento, con el objetivo de lograr una tributación progresiva y más justa, que combata la evasión fiscal y movilice los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, universales y sostenibles.
Ministros de Hacienda, Economía y Finanzas y funcionarios de 16 países firmaron este jueves una declaración conjunta para constituir la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe.
El nuevo organismo tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos para elaborar políticas fiscales, tanto nacionales como internacionales, que permitan una mayor recaudación con la que afrontar adecuadamente las crisis de la región.
La Declaración de Cartagena de Indias fue aprobada en la ciudad colombiana durante la primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global incluyente, sostenible y equitativa, que ha tenido lugar el 27 y 28 de julio, y que ha contado con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales y regionales y de la sociedad civil.
Encontrar soluciones comunes
En la declaración, los países firmantes expresan su compromiso para compartir experiencias, establecer posiciones comunes y encontrar soluciones no vinculantes que sirvan para elaborar políticas tributarias de acuerdo con los desafíos de la región.
Estas políticas, ya sean internacionales o regionales, deberán ser incluyentes, equitativas y sostenibles, ambiental y socialmente, y deben contribuir a la reducción de las desigualdades y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, el organismo tendrá en cuenta los aportes de la academia, la sociedad civil, el sector empresarial y los organismos multilaterales para identificar los problemas en materia de tributación y sus soluciones potenciales.
Gobernanza
Colombia fue designado para ejercer la presidencia pro tempore del nuevo organismo durante los próximos 12 meses, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asumirá su Secretaría Técnica.
“Es fundamental pensar y diseñar la política fiscal de manera tal que compatibilice los requerimientos de estabilidad de corto plazo con los del crecimiento y el bienestar de largo plazo”, declaró el secretario ejecutivo de la CEPAL.
Sin embargo, “la región requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, sobre la base de marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas pero centrados en una combinación de aumento de los ingresos permanentes, y mejora en la calidad y asignación del gasto. Ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”, añadió José Manuel Salazar-Xirinachs.
La cumbre estuvo organizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y contó con el apoyo del gobierno nacional, Brasil y Chile y de la CEPAL.
Recomendaciones de la sociedad civil
Representantes de más de 60 organizaciones de la sociedad civil de 20 países de la región prepararon una lista de 10 recomendaciones sobre la justicia fiscal, y la entregaron a los participantes de la Cumbre.
La sociedad civil instó a impulsar en toda la región, la cual es una de las más desiguales del mundo, una tributación progresiva y más justa, combatiendo la evasión fiscal, de forma que se movilicen los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, universales y sostenibles.
“Las reformas en los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe deben proporcionar cambios reales para mejorar la vida de las poblaciones”, afirmó la responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional y vocera de las organizaciones presentes en Cartagena, Susana Ruiz.
Además de las recomendaciones, el documento recuerda cómo las graves las crisis que atraviesa la región (de reproducción social y cuidados, política, económica, sanitaria, social, y climática) agudizan las desigualdades.
A esto se suma, además, sus deudas externas, las cuales “interfieren con sus posibilidades de abordar con autonomía y eficacia los problemas”. La sociedad civil insiste en que la región necesita recursos para invertir en servicios públicos, reducir las desigualdades, asegurar los derechos humanos y garantizar la transición a una economía basada en derechos que proteja el planeta y las futuras generaciones.
Recomendaciones para las reformas tributarias en la región
. Incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y en asuntos ambientales como principios generales que guíen e informen la toma de decisiones tributarias.
. Promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región.
. Promover reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.
. Tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal.
. Promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática.
. Revisar beneficios tributarios con criterios de transparencia y equidad, eliminando los privilegios y priorizando los beneficios que generan crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social.
. Fomentar una gobernanza tributaria global verdaderamente inclusiva y respetuosa de la soberanía nacional.
. Incorporar enfoque de género en la política fiscal.
. Descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional.
. Asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.
