Al intervenir en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió una “revisión general” del Código Penal con la premisa de incorporar el abordaje de “las especificidades” de los delitos por motivos de violencia de género contra mujeres.
“Efectivamente hay que pensar en una revisión general del Código Penal. Somos contrarias a los emparches porque después queda un Código Penal engendro”, explicó.
Al comienzo de su exposición en la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Géneros, Gómez Alcorta aclaró que su cartera no piensa que desde el Derecho Penal, con criterios de mayor punibilidad, se pueda dar una respuesta que prevención de los delitos.
“Hay que salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales de por sí van a mejorar la situación de las personas que están en situación de violencia por motivos de género”, sostuvo.
Aclarada esa cuestión, explicó que el Código Penal y los códigos procesales penales deben “buscar un marco normativo que amplíe la capacidad de intervención estatal” sobre problemas “complejos” como los que implican violencias de género, lo cual no significa “amplificar las penas”.
La funcionaria consideró que el Código Penal debería incorporar la definición de “violencia de género” para poder tratar “sus especificidades”, y al referirse a los delitos de tipo sexual opinó que habría que poner el acento “en pautas vinculadas a cuestiones probatorias”.
Sobre esto último, planteó la necesidad de no “revictimizar a la víctima” y pensar en mecanismos para incorporar la prisión preventiva cuando los agresores violan las medidas cautelares con órdenes de alejamiento.
“Es necesario buscar mecanismos que hagan más eficientes las intervenciones de la Justicia, garantizando políticas de persecución para las violencias más extremas” como femicidios, travesticidios y delitos sexuales.
Por otra parte, la ministra pidió avanzar con iniciativas que garanticen el acceso de los colectivos travestis y trans a los ámbitos de la administración pública como la Justicia.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Capagnoli coincidió en que “es fundamental que la Justicia argentina logre tener una perspectiva de género en sus abordajes y procedimientos”, y recordó que ella había impulsado junto a Elisa Carrió un proyecto de cupo femenino.
