La cúpula de la CGT brindó una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo, donde se confirmó que se realizará un paro general el próximo 9 de mayo. Así lo anunció el co-titular de la entidad gremial, Héctor Daer, quién adelantó que la central participará de la Gran Marcha Universitaria del próximo 23 de abril y realizará una movilización el 1ro de mayo, fecha donde se conmemora el Día del Trabajador.
El Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) confirmó la fecha para el paro total de actividades en ANSES, que se realizará el próximo miércoles 10 de abril en repudio de los más de 850 despidos en el organismo.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron un acuerdo paritario por los meses de marzo, abril y mayo, alcanzando un sueldo básico de más de $756 mil pesos, con presentismo.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró en la noche del miércoles en “estado de alerta” y anunció que podría avanzar con un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo lunes 8 de abril, si efectivamente se termina verificando el incumplimiento, por parte de las empresas de transporte, del acuerdo salarial firmado en febrero pasado.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció un paro nacional para este jueves 4 de los docentes agrupados en este gremio, como respuesta a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la negativa a convocar a la paritaria nacional del sector.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Azul, Martín Bava, hizo lugar a la cautelar pedida por el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría (CECO), y suspendió los artículos 73 y 86 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023, en cuanto eliminaba la obligatoriedad de los aportes sindicales de los trabajadores y exigía la conformidad expresa para autorizar su retención por las entidades gremiales.
