“No hay política pública para la epidemia”.
“Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán manifestamos nuestra enorme preocupación por los crecientes pedidos de ayuda que llegan a la Defensoría vinculados al consumo problemático de sustancias por parte de personas e instituciones. Luego de un estudio realizado por nuestros profesionales y consultas con los distintos efectores públicos responsables de la problemática y ONG´s que trabajan intentando dar respuestas a las demandas afirmamos que en el partido de General Pueyrredón no existe una política pública para abordar lo que consideramos una epidemia”.
El Servicio Municipal de Adicciones, el CPA provincial y los efectores de Sedronar no cuentan con el personal suficiente, su personal en el caso provincial y nacional están precarizados, no cuentan con presupuesto para su trabajo y funcionan gracias al enorme esfuerzo de sus trabajadores que ponen todo de sí para poder trabajar, hasta dinero de sus salarios para pagar viandas a personas a las que atienden pero a su vez están en situación de calle.
“Nación, provincia y municipio no tienen política pública para enfrentar una realidad que se agrava día a día. Quienes necesitan ayuda del estado para afrontar el consumo problemático no obtienen más respuesta que el enorme voluntarismo de los trabajadores de los tres estados en Mar del Plata y Batán”.
“Esta problemática que adquiere características de epidemia necesita que toda la comunidad se haga cargo de la solución pero es el estado quien tiene que llevar adelante una política única en nuestro territorio, coordinada entre todos los actores porque las consecuencias de no hacerlo llevan a que la vida en nuestros barrios sea cada vez más difícil”.
“El nuevo gobierno nacional y el provincial serán responsables de dar las respuestas. En el caso del municipio las políticas del actual gobierno han desmantelado todas las herramientas para hacer frente a tamaña problemática, por lo que el nuevo gobierno municipal debe hacerse cargo de evitar que niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres sigan sufriendo las consecuencias de la inacción y el abandono de personas condenadas a su destino”.
Los Defensores demandan respuestas para víctimas que hoy no tienen posibilidades de recuperación.
