A partir de los datos preliminares del ODSA UCA), correspondientes al 3° trimestre de 2023 y las estimaciones para el 1° trimestre de 2024, el indicador de pobreza se incrementó de 44,7% de la población a 55,5% y el de indigencia de 9,6% a 17,5%. Por lo que, en el primer trimestre de 2024, 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas se encuentran en situación de pobreza (por debajo de la CBT), entre las cuales, 7,8 millones de personas en estado de pobreza extrema o indigencia (por debajo de la CBA). Índices parecidos a los que el menemismo alcanzó, pero en sus 10 años de gobierno.

 

La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), alcanzó al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes.

Índices alcanzados por el actual gobierno nacional en los primeros tres meses y 20 días de gestión, provocados por la aceleración de la espiral inflacionaria, que “generó un incremento de la población en situación de pobreza e indigencia”, debido a “los bajos ingresos de los hogares, impactando en elevados niveles de inseguridad alimentaria”. Datos estos que ya se asimilan a los que generó el menemismo en toda la década de 1990.

El informe, al considerar el AMBA, señala que los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente.

Asimismo, destaca los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población, al tiempo que indica que los niños, niñas y adolescentes, que el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria; el 50% asiste a comedores escolares; el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio.

Alta Indigencia Monetaria

En otro orden, el trabajo del ODSA-UCA, señala que la tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria.

Déficit educacional

El marcado déficit educacional de la población urbana de nuestro país es representado por los siguientes valores, el 23% de los NyN de 3 a 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los NNyA de 6 a 12 años asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no termino la secundaria.

Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos).

Desigualdades

El escenario laboral expresa las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.

Salida laboral posible

La venta y el tráfico de drogas se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga paso del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023.

Por último, el informe del ODSA-UCA, sostiene que en 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención. (InfoGEI)

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