La Corte Suprema de la Nación convocó a una audiencia pública para definir el futuro de una demanda que puede poner en jaque a los municipios.

Los municipios bonaerenses están a las puertas de dar una batalla legal que puede signar de manera definitiva su sustentabilidad y abrir de una vez el debate por su autonomía plena. En menos de un mes, se presentarán ante la Corte Suprema de la Nación para defender el cobro de la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene, una de sus mayores fuentes de ingresos.

La historia es vieja y acumula una enormidad de capítulos bajo la misma carátula: “ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa”, surgida en el año 2002. Por entonces, la empresa petrolera Esso demandó a la municipalidad de Quilmes al considerar que se excedía en sus facultades al pretender cobrarle la tasa tomando en cuenta la base imponible los ingresos brutos que declaraba ante la Provincia.

Esso planteó la inconstitucionalidad del Convenio Multilateral, que organiza el mapa impositivo del país, y que aseguró que sólo se debería habilitar a demandar el pago en relación directa con los locales habilitados dentro de la jurisdicción. Por eso demandó que Quilmes utilice esa base imponible y devuelva lo que había percibido ilegalmente en los últimos 5 años. Mediante un recurso de queja, logró la intervención de la Corte Suprema de la Nación, en un caso análogo al que planteó en su momento Farmacity. El Máximo Tribunal tomó cartas en el asunto y convocó a una audiencia para el 29 de mayo. Quilmes no encarará el proceso en soledad: más de 40 municipios, de todos los signos políticos, se presentaron bajo la figura de “amicus curiae”.

Lo que está en juego no es poco: se trata de un debate que abarca la sustentabilidad del sistema municipal tal como lo conocemos pero que tiene de fondo la más amplia y profunda discusión respecto de la autonomía municipal, consagrada en la Constitución Nacional pero nunca formulada por la carta magna bonaerense. Sin ir más lejos, así lo planteó el Centro de Información Judicial, órgano de prensa oficial de la Corte: “La Corte Suprema convoca a audiencia pública en una causa en la que se debate la autonomía de los municipios para establecer tasas”, tituló.

En términos estrictamente económicos, se habla de una demanda que ronda los 15 mil millones de pesos.

El presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir. La decisión queda en manos de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. (Fuente: Agencia Infocielo)