El intendente homologó con un decreto el acuerdo paritario con un gremio municipal.
Sus allegados argumentaron que había personal contratado hacía 10 años y había que regularizarlos. Aparecen nombres vinculados a funcionarios radicales de la actual gestión.
A través de un decreto firmado el 21 de junio, el intendente de Las Heras Daniel Orozco dispuso la incorporación de más de 800 empleados a la planta permanente de la municipalidad. Este pase masivo de personal se conoce después de las PASO y se reglamenta como parte de un acuerdo paritario con el sindicato de empleados de esa comuna. Entre los que logran el beneficio, hay familiares vinculados a funcionarios políticos, militantes radicales, figuras del deporte e incluso una ex reina nacional de la Vendimia.
En rigor, se trata del decreto 1.134 que sirvió para homologar el acta paritaria no salarial acordada con el Sindicato Unido de Trabajadores Municipales concretada el pasado 9 de abril, es decir, dos meses antes de las elecciones primarias, el primer paso de Orozco para lograr su reelección.
Este decreto se firmó casi sobre el plazo que impone la ley de Responsabilidad Fiscal de la provincia: el 30 de junio -a sólo 9 días de expirar ese tiempo-. Dicha norma establece límites a la incorporación de personal en años electorales al prohibir hacerlo en los últimos 6 meses finales a un mandato.
De acuerdo con la documentación obtenida por El Sol, el 21 de junio se reunieron funcionarios de la municipalidad con el Sutram para conformar una comisión de selección de personal. Desde la intendencia explicaron que ya se venía trabajando en el último año en este tema y en abril se realizó la convocatoria para que los empleados contratados presentaran la documentación correspondiente.
El Sutram -conducido por Sergio Ruel- es el gremio que parita frente el Ejecutivo municipal ante la intervención del otro sindicato, el Soem, luego de que en las últimas elecciones se robaron una urna. Para la oposición, el Sutram es afín a la gestión radical y también ganó con la medida, ya que supone el crecimiento de las afiliaciones. Por su parte, Orozco evitó protestas gremiales frente al edificio municipal en un año electoral como ocurrió en enero de 2016, cuando dejó cesantes a más de 600 agentes contratados.
Esa comisión tenía que realizar “un análisis pormenorizado de cada solicitud”. De esta manera, se elaboró un listado que se aprobó por unanimidad. Esa nómina, a la que tuvo acceso El Sol, se guarda con recelo en la intendencia y la oposición no ha podido acceder a la misma.